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La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, participó de la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la modificatoria de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional, donde expresó el rechazo de la Provincia a la iniciativa y cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la instancia de participación.
Durante la jornada, Vilar advirtió sobre graves irregularidades en el proceso: si bien más de 102.000 personas se inscribieron para participar, solo el 0,3% va a poder hacerlo de manera efectiva. En ese marco, la ministra llevó al Congreso un listado impreso con los nombres de quienes no pudieron intervenir, como forma de visibilizar la magnitud de la participación restringida.
“Se está violando el artículo 41 de la Constitución Nacional en su integralidad, junto con el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente”, señaló Vilar. “El derecho a un ambiente sano y a la participación no son optativos: son obligatorios”, agregó.
En relación al contenido de la reforma, la ministra remarcó que “es absurdo plantear una dicotomía entre ambientalismo y producción porque los glaciares representan menos del 1% del territorio nacional y almacenan el 70% del agua dulce”. “De hecho, el agua de los glaciares es absolutamente necesaria para la producción. Sólo en la Provincia de Buenos Aires, la cuenca del Río Colorado que depende del deshielo de glaciares es el sistema de riego de 80.000 hectáreas del sur, la zona más árida. Sin agua no hay vida ni producción posible”, sentenció.
“Se lo pedimos: no avancen con esto, no solo por una responsabilidad institucional, sino también humana. Porque esto es irreversible: los glaciares no se pueden volver a generar y el daño que están provocando con esta avanzada tampoco se puede revertir”, sostuvo.
Asimismo, la ministra advirtió sobre el contexto político en el que se impulsa la iniciativa: “es una pesadilla esta temporada de injusticias. Lo vemos también en la avanzada judicial, con Cristina presa, parte de la misma estrategia para debilitar al peronismo y poder llevar adelante esto”.
Por último, remarcó la importancia de garantizar instancias reales de participación ciudadana en este tipo de debates, en línea con los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
